Cristina aclaró que no promovió un proyecto de su bloque que restringe las prisiones preventivas

Cristina Kirchner se apartó de un proyecto de ley presentado por senadoras oficialistas que anula las prisiones preventivas ante una serie de situaciones como que el contenido de las causas se difunda en los medios de comunicación y se arriesgue el principio de inocencia.

«De ninguna manera fue impulsado por Cristina. Es un proyecto presentado por senadoras que no tienen que pedir permiso», aseguraron desde temprano sus voceros, ante la repercusión que había generado la difusión en el diario Clarín de la iniciativa de ley presentada el 20 de diciembre.

Los voceros del frente de Todos del Senado también aclararon que de ninguna manera estaba en agenda este proyecto y lo habían conocido leyendo el diario.

Además de Catalfamo, que se sumó al oficialismo en esos días, lo firmaron cuatro senadoras que integraron el bloque de Cristina hasta diciembre y ahora tienen voz y voto en el frente de Todos: Ana Ianni, Nancy González, Ana Almirón y María Pilatti Vergara.

El proyecto busca evitar los excesos en las prisiones preventivas, que pueden aplicarse ante riesgo de fuga o entorpecimiento de las causas y en los últimos años hubo muchos jueces que vieron esas situaciones en la mayoría de los casos por corrupción.

«La norma deslegitima y limita el rol del periodismo de investigación. Vulnera claramente la libertad de expresión y promueve la autocensura», protestó la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (ADEPA).

Catalfamo no habló pero en su entorno se preocuparon por desligar a Cristina de su iniciativa, aun cuando su contenido pareciera atacar lo que la vicepresidenta denomina «Lawfare», una persecución judicial con la complicidad de medios de comunicación.

Los otros casos en los que se eliminaría la presión preventiva serían «incumplimiento grave de plazos procesales que podrían afectar los principios del plazo razonable durante el desarrollo de las actuaciones el derecho al debido proceso»; «abuso y/o incumplimiento de presupuestos legales analizados bajo estándares de escrutinio estricto para el dictado de prisión preventiva», y «deficiente implementación de las garantías procesales que regulan la intervención de un testigo protegido y/o de un arrepentido».