Una licitación millonaria de la empresa Aysa ha generado controversia entre la oposición política y el gobierno. La compañía estatal ha lanzado una convocatoria para contratar un servicio de mantenimiento y operación de sus plantas depuradoras de agua, por un valor estimado de 400 millones de dólares.
La oposición ha cuestionado el proceso de licitación, alegando falta de transparencia y cuestionando la capacidad técnica de las empresas que se han presentado para competir por el contrato. También han puesto en duda la necesidad de contratar un servicio externo, argumentando que Aysa cuenta con recursos suficientes para realizar el mantenimiento y la operación de sus plantas depuradoras.
Por su parte, el gobierno ha defendido el proceso de licitación, argumentando que se ha llevado a cabo de manera transparente y que se ha dado la oportunidad a diversas empresas de presentar sus propuestas. También han destacado la importancia de garantizar la calidad del servicio de tratamiento de aguas residuales, una tarea clave para garantizar la salud pública y la protección del medio ambiente.
La polémica en torno a esta licitación se da en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y la oposición, que han protagonizado varios enfrentamientos públicos en los últimos meses. Para algunos analistas, la controversia en torno a la licitación de Aysa podría convertirse en un nuevo foco de disputa política en el país.
